La fiscalía especializada en delitos económicos ordenó doce allanamientos simultáneos en Concepción, Aguilares y la capital, en el marco de una investigación por facturas apócrifas. Se secuestraron computadoras, libros contables, chequeras y talonarios de cuatro sociedades.

Según el requerimiento, las cuatro firmas no tenían actividad comprobable: sin empleados registrados, sin depósitos y con domicilios fiscales que en dos casos correspondían a viviendas particulares. Aun así, emitieron comprobantes por más de $ 3.000 millones en dos años y medio, principalmente por servicios de flete, movimiento de suelos y consultoría.

Qué investiga la fiscalía

• Quiénes usaron esos comprobantes para computar crédito fiscal y reducir el impuesto a pagar.
• El rol de dos contadores que aparecen como responsables de la contabilidad de tres de las cuatro sociedades.
• El circuito del dinero: hay pedidos de informes a seis entidades bancarias.

Por ahora no hay personas detenidas. La causa está en etapa de investigación penal preparatoria y hay siete personas citadas a declarar en los próximos quince días. La fiscalía pidió además el levantamiento del secreto fiscal de las firmas involucradas.

Cabe aclarar que todas las personas mencionadas en la causa mantienen su presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme. Este medio va a informar los avances a medida que el expediente lo permita.